A raíz de la aparición de la sentencia del Procés, en todas las universidades catalanas se han convocado claustros extraordinarios que se están celebrando estos días. El fin principal de estos claustros es tratar de que se apruebe un manifiesto conjunto de rechazo a la sentencia, propuesto en cada caso por el grupo de claustrales que ha solicitado la sesión extraordinaria de acuerdo con lo establecido en las normas estatutarias.

El claustro extraordinario de la Universidad de Barcelona, al que pertenezco, se celebró el 21 de octubre. Antes de que comenzara el debate del manifiesto, intervine con el fin de que se retirase ese punto del orden del día, alegando en esencia que la universidad, en tanto que institución académica pública, no puede adoptar una posición ideológica determinada, puesto que al hacerlo está vulnerando el derecho individual a la libertad ideológica de todos sus miembros, esto es, un derecho fundamental establecido en el art. 16.1 de la Constitución.

Mi solicitud fue rechazada, y el manifiesto se debatió y se votó. Obtuvo 111 votos a favor, 7 en contra y 6 en blanco.

Lo que sigue es el texto de esa intervención preliminar mía. Tiene un tono y contenido algo retóricos y muy poco técnicos, porque me pareció que era lo apropiado para el momento. El lenguaje técnico-jurídico lo dejé para un recurso escrito que había presentado con antelación y que también fue rechazado por la Mesa del Claustro.

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Sr. Rector, miembros de la mesa, señores claustrales:

Lo solicité por escrito el pasado viernes y lo vuelvo a solicitar ahora: la declaración que se ha presentado ante este Claustro no puede ser considerada por este Claustro, y no lo puede ser por razones jurídicas, pero también por razones morales, que en este caso se encuentran entrelazadas con aquellas. Por eso, solicito a la mesa que retire este punto del orden del día. Mi posición es seguramente minoritaria pero no por ello menos legítima. Dejenme pues exponer esas razones, que afectan a un asunto no menor, el de la libertad individual y colectiva, el bien humano más preciado.

Hace unos meses, en este mismo Paraninfo, la Universidad de Barcelona invistió doctor honoris causa a uno de los juristas más importantes de la Europa contemporánea, el prof. Luigi Ferrajoli. Quizá no sea ocioso recordar que el prof. Ferrajoli está muy alejado de cualquier concepción conservadora del derecho, y siempre ha sostenido una posición política que bien podría denominarse “radical”, nada complaciente con los que él llama los poderes salvajes: el poder del mercado, el de las élites financieras y militares, el de las grandes potencias mundiales, el de la delincuencia organizada, el de los políticos corruptos que se ubican al margen de la ley. Un poder es salvaje precisamente por eso, porque se sitúa al margen de la ley y trata de imponerse por la fuerza; y al margen de la ley nos vamos a situar nosotros si procedemos a deliberar y aprobar la declaración que nos ocupa.

Porque la ley, nuestra ley, garantiza los derechos fundamentales, que son (nos dice Ferrajoli) “la ley del más débil”, la ley que protege al que disiente de la mayoría. Uno de esos derechos, reconocido por cualquier texto internacional de derechos humanos y por cualquier constitución, es el de la libertad ideológica, un derecho individual porque es la expresión de nuestra conciencia, y un derecho inalienable, esto es, al que no podemos renunciar y del que no podemos ser privados por nadie, tampoco por una mayoría por muy aplastante que sea.

Pero si nosotros, representantes académicos y no políticos, atribuimos a la Universidad de Barcelona una posición política controvertida, y este es el sentido de la declaración que se ha propuesto, estamos usurpando el derecho individual a la libertad ideológica de cada uno de los miembros de la Universidad, porque estamos poniendo en su boca unas ideas que muchos de ellos no comparten, o simplemente no quieren expresar, y en su derecho están. Estamos hablando en el nombre de cada uno de ellos, y no podemos, no tenemos ese derecho. Al contrario, tenemos la obligación de respetar la pluralidad que nos caracteriza; y cumplir con esa obligación, que es jurídica pero que también es moral, pasa por abstenernos de atribuir a la Universidad de Barcelona una posición ideológica unitaria, una posición que una institución pública no puede tener.

La Universidad, sr. Rector y demás miembros de la mesa, no tiene competencia para emitir declaraciones de contenido ideológico. Lo veda el principio de neutralidad, establecido por las leyes administrativas y reiterado por numerosos tribunales, y establecido también por el tribunal de la razón, ese que está instalado dentro de cada uno de nosotros. La Universidad, además, tiene que cumplir con un elemental deber de lealtad institucional, un deber que esta declaración viola con flagrancia. La Universidad, en fin, debe respetar los derechos fundamentales, esos que protegen al débil frente al fuerte, esos que constituyen el núcleo duro de la legitimidad moderna por lo menos desde el ya lejano triunfo de la Revolución Francesa.

Los proponentes de esta declaración aman la justicia, no lo dudo. Yo también la amo. Pero desde Platón, pasando por Aristóteles, por Cicerón, y por cualquiera de los grandes pensadores liberales y republicanos, llámense Locke, Rousseau, Kant, Rawls o Habermas, la justicia sólo transita por la vía del gobierno de las leyes. Hay, desde luego, una alternativa al gobierno de las leyes, que es el gobierno de los hombres, pero en ese gobierno sin leyes yace la semilla de la tiranía. No por casualidad, en tiempos modernos, sólo los totalitarismos de izquierda y de derecha, bien representados por la Alemania de Hitler, la Unión Soviética de Stalin o la España de Franco, han menospreciado el gobierno de las leyes, eso sí, siempre en el nombre de la justicia, de “su” justicia, esa que, sin leyes, se impuso por la fuerza bruta. Y nosotros, hoy, si aprobamos esa declaración, nos pondremos de este lado, del lado oscuro, del de Millán Astray en vez del de Unamuno, tanto por el hecho de aprobarla como por el contenido concreto que estaremos suscribiendo, manifiestamente contrario a los ideales ilustrados de la ciudadanía, de la separación de poderes y del imperio de la ley.

Señor rector, señores claustrales: no echemos más leña al fuego. Y no me refiero al fuego de las calles de Barcelona de estas últimas noches, que no es el peor de los fuegos. Me refiero al fuego de la confrontación que consume Cataluña desde hace ya demasiado tiempo. Contribuyamos en cambio a la concordia cívica, que es posible, que tiene que ser posible incluso entre ciudadanos que discrepan sobre lo justo, pero que confían en alcanzarlo en comunidad y sin la exclusión de nadie. La Universidad de Barcelona, primera universidad de Cataluña, puede hoy serlo también mostrando con su ejemplo cuál es el camino correcto, que pasa, y lo diré una última vez, por el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de sus miembros.

En el nombre de ese respeto, en el nombre de la ciudadanía y de la ley, por razones que son jurídicas pero que son también morales, solicito de la Mesa que retire este punto del orden del día. En otro caso, estará violando el derecho a la libertad ideológica de quienes integramos esta institución y rindiendo un muy flaco favor a nuestro país.

Ricardo García Manrique

22.10.19