El Claustro de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha aprobado, en su sesión de hoy, 14 de septiembre, una moción en relación con el procedimiento sancionador iniciado por el Tribunal de Cuentas contra varios ex miembros del gobierno catalán. La moción “denuncia la injusticia de estas actuaciones, se solidariza con los afectados y se adhiere a la declaración del Instituto de Estudios Catalanes” de fecha 23 de junio de 2021. Esta declaración, muy crítica con el Tribunal de Cuentas, contiene afirmaciones de marcado carácter partidista, por no decir sectario, enmarcando su actuación “dentro de la persecución política que (…) se estaba produciendo en Cataluña en forma de una acción concertada de los órganos de poder del Estado español contra políticos catalanes”, y cuestionando su imparcialidad, además de asegurar que “a las personas afectadas por el expediente sancionador se les imputan unos hechos que no han cometido”.
La moción (se puede acceder a ella aquí) fue aprobada por mayoría de votos, no sin la protesta previa de algunos claustrales (entre ellos, varios de nuestros compañeros de Universitaris per la Convivència) que hicieron notar que el Claustro no es competente para opinar sobre tales cuestiones y que, al hacerlo, viola el deber de neutralidad ideológica al que todas las administraciones públicas (también las universidades) están sujetas.
Sorprende, en primer lugar, que el Claustro de una universidad dedicada a los saberes tecnológicos asuma con tal convicción ideas que nada tienen que ver con ellos, como sorprende la certeza con la que se proclama que las personas encausadas por el Tribunal de Cuentas “no han cometido” los hechos que se les imputan, a saber, el uso ilegal de importantes cantidades de dinero público.
¿Acaso los 93 claustrales que votaron a favor de la moción disponen de privilegiados accesos a la verdad de las cosas que están vedados al resto de los mortales? Si no es así, no cabe más que lamentar el ridículo que supone opinar sobre lo que no se conoce, comprometiendo frívolamente el bien ganado prestigio de la UPC. Sobre todo, considerando la reciente noticia de la dimisión de una de sus vicerrectoras, después de que el pasado día 11, con motivo de la Diada, expresara en público sus ganas “de fuego, de contenedores quemados, de aeropuerto colapsado”, y por ello recibiera la muy justificada censura de buena parte de la opinión pública.
Sorprende también que los claustrales, todos ellos integrantes de una institución pública, receptores mensuales de un sueldo público o de una enseñanza sufragada igualmente con el dinero de todos, se despachen de manera tan ofensiva, tan desleal y tan irreflexiva con quienes integran otra institución tan pública como la suya, quienes solo por eso deberían ser tratados con algo más de respeto.
Sorprende, en fin, que un claustro universitario, sea el de la UPC o cualquier otro, ignore de manera tan descarada sus competencias y sus deberes, cuando una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la condena de Universidad de Barcelona por hechos semejantes.
Una vez más, y son ya muchas, el claustro de una universidad catalana se arroga tercamente un protagonismo que no le corresponde, porque son los ciudadanos los que han de opinar sobre cuestiones políticas y nunca una institución consagrada a la enseñanza y a la investigación. Al hacerlo, no solo viola su deber de neutralidad sino que secuestra la libertad de pensamiento de todos los que integran la comunidad universitaria, al opinar en su nombre. Además, al asumir por vía de autoridad una posición partidista, ejerce una ilegítima dominación ideológica que sin duda dificulta la libre expresión de las ideas por parte de alumnos y profesores, estos sí auténticos titulares de ese derecho.
Por hechos como el que motiva el presente comunicado, Universitaris per la Convivència ha obtenido ya resoluciones favorables del Defensor del Pueblo y de diversos tribunales, además de abundantísimos apoyos de colegas de diferentes universidades y profesionales de múltiples ámbitos. Esta plataforma no cesará en la defensa de su objetivo fundacional: que en los campus catalanes se respete la libertad ideológica y se fomente el debate plural y respetuoso de ideas para contribuir así a una verdadera convivencia democrática en nuestra comunidad.