Conocido el “Comunicado de los rectores y la rectora de las universidades públicas catalanas ante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, la plataforma Universitaris per la Convivència realiza las siguientes consideraciones:
1.- A raíz de diferentes comunicados políticos como este, que parecen querer dibujar una especie de pensamiento único en nuestros campus sobre temas que, además, resultan extraordinariamente controvertidos, son ya varias las universidades públicas catalanas condenadas judicialmente por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus miembros. Ni los claustrales ni los rectores pueden arrogarse la representación política de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Sencillamente, no la tienen. Nadie los ha elegido para tal fin ni este se encuentra, como es obvio, entre sus competencias.
2.- A la vez, produce sonrojo el nulo nivel argumentativo del referido comunicado, sustentado en una realmente desafortunada selección de mantras del nacionalismo lingüístico que carecen por completo de base científica. El contenido del comunicado es hiriente para los prestigiosos profesores de diferentes disciplinas (lingüistas, pedagogos, sociólogos, juristas…) que, día a día, en nuestras universidades, analizan con el rigor propio del mundo académico temas de una extraordinaria complejidad. La contribución de la universidad a la formación de una opinión pública ilustrada y crítica ha de ser protagonizada por sus profesores y no por sus órganos de gobierno.
3.- El texto roza el esperpento cuando pide “que la política lingüística en la escuela no se base en porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial y se deje de instrumentalizar políticamente algo tan importante como es la enseñanza”. Resulta que los mismos rectores que realizan esta petición firmaron el 30 de junio de 2021 (por iniciativa del denominado Movimiento Estudiantil, que en redes sociales reivindica actos de violencia política en los campus) un “Compromiso contra la crisis educativa”, en el que se fija literalmente, como objetivo, alcanzar un mínimo de un 80% de clases en catalán en la docencia de cada grado, posgrado y máster. En otras palabras, según nuestros rectores constituye una instrumentalización política inaceptable que en una sociedad bilingüe como la nuestra se fije para la escuela un mínimo del 25% de docencia en cada una de las lenguas oficiales mientras que ellos mismos marcan como objetivo avanzar hacia el 80% de docencia en catalán en las universidades. Sencillamente, inaudito.
4.- En definitiva, queremos alertar una vez más sobre la evidente sumisión de nuestros rectores al poder político y sobre la consiguiente violación de la autonomía universitaria en Cataluña. A la vez, sirva nuestra réplica para dejar constancia de que somos muchos los profesores catalanes que defendemos unas universidades concebidas como foros de encuentro entre muy diferentes sensibilidades sin que las autoridades académicas hagan prevalecer a ninguna sobre el resto. Pretender uniformizar el pensamiento es absolutamente incompatible con la misión de la Universidad y con la convivencia democrática.
Universitaris per la Convivència
Barcelona, 13 de mayo de 2022