Conocido el encuentro del Presidente Torra con claustrales que le han entregado los manifiestos, de contenido prácticamente uniforme, aprobados de manera casi simultánea por todas las universidades públicas catalanas, los profesores integrantes del colectivo Universitaris per la Convivència expresamos nuestro más contundente rechazo a lo que constituye un acto de instrumentalización política de las universidades sin precedentes en nuestra democracia.
Como académicos, además de considerar inasumible el contenido y el tono de estos manifiestos, recordamos que los miembros de los claustros de nuestras universidades no han sido elegidos por sus ideas políticas, por lo que carecen por completo de legitimidad para expresarse en nombre de toda la comunidad universitaria.
Por tanto, lo que han hecho hoy los claustrales que se han acercado al Palau de la Generalitat ha sido ahondar aún más en lo que constituye una evidente vulneración de nuestra libertad ideológica al tratar de apropiarse de manera torticera de nuestro pensamiento.
La entrega pública de los manifiestos al Presidente de la Generalitat no hace más que ratificar que nos encontramos ante una operación claramente orquestada desde el poder para generar una sensación de pensamiento único inasumible desde una óptica intelectual mínimamente seria.
Los manifiestos respaldan cuando no reproducen el discurso nacionalista con respecto a la situación política que vivimos, por lo que consideramos inaudito que, además, este acto haya tenido lugar en plena campaña electoral.
Finalmente, queremos complementar las palabras de la miembro del Claustro de la UB que destacó los elevados porcentajes con que fueron aprobados estos manifiestos. Por poner el ejemplo de su Universidad, hacemos notar que el 90% de síes se ha calculado sobre el porcentaje de asistentes: únicamente 124 de un total 300 claustrales. Un dato que un observador neutral y riguroso no puede obviar y que se observa en otras universidades.
Ante la gravedad de todos estos hechos, Universitaris per la Convivència ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo y está valorando qué acciones legales se podrían emprender.