14 de Octubre de 2020
El colectivo de profesores catalanes presenta también una queja ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña por el tratamiento de la sentencia en la televisión pública catalana.
Vista la intervención del Ministro de Universidades en la Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades del Senado del pasado día 8 de octubre, en la que, respondiendo a diputados de grupos separatistas, les manifestó su apoyo en las críticas que esgrimen ante la sentencia que condena a la Universidad de Barcelona (UB) por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la educación, el colectivo Universitaris per la Convivència, promotor de la demanda, ha replicado a Castells (carta adjunta), poniéndose a su disposición para intercambiar pareceres sobre un tema que considera nuclear para la convivencia democrática: el escrupuloso respeto a la neutralidad política de las universidades como actores dotados de una especial autoridad en la esfera pública.
Castells afirmó en el Senado que acata la sentencia pero que considera que esta colisiona con los derechos a la libertad de expresión y a la autonomía universitaria. Entiende el Ministro que estos derechos (libertad de expresión y autonomía universitaria) amparan a los claustros de las universidades para aprobar “cualquier declaración institucional”. Castells añadió que pronunciarse sobre cuestiones de interés social forma parte del “pensamiento crítico universitario” y “de la función social de la universidad”.
Universitaris per la Convivència discrepa abiertamente de esta valoración al considerar que ni la autonomía universitaria ni la libertad de expresión pueden dar cobertura a manifiestos como los que siguieron a la sentencia del procés. No la libertad de expresión, porque se trata de un derecho individual del que no gozan las instituciones ni sus órganos de gobierno y representación, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional; tampoco la autonomía universitaria, cuyo ámbito de ejercicio es únicamente el de la organización y funcionamiento de las universidades.
En este caso, el Claustro de la Universidad de Barcelona se excedió claramente de sus funciones, al tomar partido por una posición política controvertida que, además, suponía el desprecio de algunos principios básicos del estado de derecho, como son el imperio de la ley, la separación de poderes y la independencia judicial. Al hacerlo así, no respetó el deber de neutralidad al que están sometidos todos los entes del sector público. Difícilmente podrá la universidad fomentar el pensamiento crítico cuando asume de manera institucional una opción política determinada. La libre expresión de las ideas por parte de profesores, alumnos y demás personal universitario se ve obstaculizada por la propia actividad de los órganos de la universidad cuando esta toma partido en vez de mantenerse neutral ante el debate.
Tenemos que recordar una vez más que las universidades no son instituciones de representación política, y que los claustrales no representan políticamente a nadie. Desde luego, la universidad pública tiene una función política que cumplir, pero es la de formar ciudadanos con independencia de criterio y la de promover un espacio ilustrado y libre de interferencias ajenas en el que todas las ideas puedan formarse, expresarse y debatirse. Que la propia universidad tome partido en ese debate y asuma una posición oficial al respecto supone no comprender el sentido y alcance de su función política e impedir su adecuado desempeño.
Queremos recordar, en esta línea, la postura del Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que hace un año se manifestaba en estos términos sobre el mismo tema: “Mi total apoyo a los profesores que exigen la retirada de los manifiestos en las universidades catalanas. No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad” (ver tweet aquí).
Queja ante el CAC por el contenido del programa Més 324 de TVC
Simultáneamente, Universitaris per la Convivència ha presentado una queja ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña por el tratamiento dado a la misma sentencia (137/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona) en el informativo Més 324 del Canal 324 de Televisió de Catalunya (TVC), el pasado 5 de octubre.
Considera este colectivo (se adjunta la queja) que la versión y el análisis de los hechos que se difundieron en el referido programa del canal informativo de la televisión pública autonómica fueron claramente partidistas por cuanto solo se recogió la versión de la Universidad y los tres contertulios la apoyaron siguiendo, además, el criterio de uno de ellos: el catedrático de la UB Joan Queralt, miembro del Colectivo Praga, abiertamente contario al principio de neutralidad de las instituciones.
Universitaris per la Convivència solicita al CAC que inste a TVC para que las razones que les llevaron a demandar a la UB sean también recogidas en el programa Més 324, “de forma ecuánime”, “de modo que sus seguidores puedan conformarse una opinión sobre el tema habiendo escuchado a las dos partes implicadas”.
Los medios públicos tienen una especial obligación de dar cabida al pluralismo existente en la sociedad, como apunta la abundante normativa que se cita en la queja, y mucho más en un contexto tan complejo como el que vive actualmente Cataluña.
A disposición para debatir
Los profesores integrantes de Universitaris per la Convivència, vistas las reacciones que ha generado la sentencia que condena a la UB, manifiestan su voluntad e interés en participar en cuantos debates se generen en torno al contenido y los límites de los derechos en liza. Escuchar todas las versiones, expuestas con rigor, respeto y fines constructivos, es un presupuesto necesario en cualquier debate democrático que se precie de tal.
Link a la Carta de Universitaris per la Convivència a Castells